Armando de la Garza
El exsecretario de Turismo advierte en su cuenta (X) que encarecer la entrada aérea al país en un momento de debilidad del sector sería un grave error.
La llegada de turistas internacionales por vía aérea cayó un 4.6% entre enero y julio, y se prevé una contracción mayor para agosto y septiembre.
La medida afectaría severamente a destinos clave como Quintana Roo, que actualmente enfrenta desafíos en su industria turística.
Ciudad de México, Ante la iniciativa legislativa en el Congreso que propone incrementar el Derecho de No Residente (DNR) de 58 a 78 dólares, el exsecretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, advirtió sobre el impacto negativo que esta medida tendría para la economía nacional y la posición competitiva del país a nivel internacional.
Torruco Marqués señaló que elevar este gravamen dejaría a México muy por encima de sus principales competidores globales en materia turística. “Encarecer la entrada al país vía aérea cuando el turismo muestra señales de debilidad sería un grave error que restaría competitividad a México”, apuntó.
Indicadores en contracción
El posicionamiento se sustenta en cifras recientes del sector. De acuerdo con los datos compartidos, la llegada de turistas internacionales por vía aérea registró una disminución del 4.6% durante el periodo comprendido entre enero y julio.
Asimismo, se anticipa que los meses de agosto y septiembre reflejen una contracción aún más pronunciada.
A este escenario nacional se suma la compleja situación que atraviesa Quintana Roo, uno de los motores turísticos más importantes del país, el cual enfrenta actualmente una crisis en el sector que requiere de incentivos y apoyo institucional, en lugar de mayores cargas financieras.
Un llamado a proteger la industria
El exfuncionario federal enfatizó que incrementar el DNR representa continuar cargando costos a una de las industrias más dinámicas del país, la cual funge como un pilar fundamental para la generación de empleos y la atracción de divisas.
Finalmente, se hizo un llamado a los legisladores y autoridades competentes a ponderar el impacto económico integral de esta medida, priorizando la competitividad turística de México frente a los mercados internacionales y salvaguardando el bienestar de las familias mexicanas que dependen de esta actividad.
